El Gobierno de Ecuador entregó hoy a las compañías petroleras que trabajan en el país una propuesta de "acuerdo transitorio de negociación" para proseguir las conversaciones por las que el Ejecutivo pretende cambiar los actuales contratos de participación por otros de servicios.

En un encuentro en el Ministerio de Minas y Petróleos, el responsable de la cartera, Galo Chiriboga, pidió a los representantes de las empresas asistentes que revisen el texto del acuerdo y presenten sus observaciones la próxima semana.

Según el ministro, el acuerdo establece "normas claras que regirán durante el proceso de negociación" para la modificación de contratos de participación.

En el encuentro estuvieron representantes de las compañías internacionales Repsol-YPF, Perenco, CNPC, Canada Grande, EcuadorTLC, City Oriente, Petroriental, Andes Petroleum y Petrobras, que entre todas tienen firmados 14 contratos de participación en la explotación con el Estado ecuatoriano.

El presidente de la empresa estatal Petroecuador, Fernando Zurita, dijo en el acto que este acuerdo pretende que las empresas concesionarias firmen con el Gobierno ecuatoriano nuevos contratos de prestación de servicios antes de 120 días.

Zurita agregó que también se establece, "como prueba de buena fe", que las petroleras que han presentado demandas contra Ecuador o iniciado trámites para plantearlas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) las suspendan.

También dispone el acuerdo que las concesionarias continúen con sus programas y presupuestos de inversiones para mantener la producción prevista inicialmente para este año, según Zurita, quien aseveró que "deberán comprometerse a cumplir con todas las obligaciones pendientes" antes de suscribir los nuevos contratos.

Este "acuerdo transitorio" lo plantea el Gobierno luego de tres meses de negociaciones con cinco de las petroleras para cambiar sus contratos y cuando algunas de ellas ya habían avanzado los términos económicos para los nuevos contratos.

La negociación, planteada a finales de 2007 e iniciada en enero de este año, se interrumpió el mes pasado cuando el presidente, Rafael Correa, dijo que las compañías debían aceptar un preacuerdo que determine los términos de la negociación.

El acuerdo presentado hoy entraría en vigor tras modificarse el decreto presidencial de octubre pasado, por el que el Estado se quedaba con un 99 por ciento de los beneficios extraordinarios del crudo y las compañías con un uno por ciento, y se pasaría a un reparto del 70 por ciento para el Estado y el 30 por ciento para las petroleras.

La mayoría de las compañías entrega al Estado ese 99 por ciento "bajo protesta" y las inversiones para este año se han paralizado en algunos casos, ya que con ese reparto las petroleras señalan que no es rentable la explotación del crudo en Ecuador.

Previamente ya se habían producido protestas por la modificación de la Ley petrolera, que desde 2006 repartía al 50 por ciento los beneficios extraordinarios generados por el aumento de precios del crudo, que antes iban íntegramente a las compañías.

La producción de estas empresas ha caído en algunos casos, debido a declinación natural y la falta de perforación de nuevos pozos, al no ser rentables las inversiones, como es el caso de Repsol-YPF, que de 59.000 barriles de media diaria de extracción en sus concesiones en 2007 este año espera una media diaria de 53.000 barriles.


Viernes 16 de Mayo
Fuente: EFE