La crisis provocada por el decreto del Gobierno boliviano que prohíbe exportar aceite comestible pone en riesgo unos 300.000 empleos y las inversiones extranjeras en ese sector, dijeron hoy a Efe fuentes empresariales.

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo de Bolivia (ANAPO), Reinaldo Díaz, denunció que el Gobierno ha desencadenado una crisis que puede llevar al "colapso del sistema agroproductivo" y a la destrucción de unos 300.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

La prohibición temporal de exportar aceite, que el Gobierno del presidente Evo Morales justifica en la necesidad de abastecer el mercado interno, ha provocado ya la pérdida de 80 millones de dólares a los industriales del sector, una cantidad que podría doblarse si se suman las multas por incumplimientos de contratos.

Ese es al menos el cálculo de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX), cuyo presidente, Ramiro Monje, confirmó a Efe que las empresas trasnacionales con intereses en el sector oleícola boliviano están pensando seriamente si siguen con inversiones en el país.

Tanto ANAPO como CADEX coincidieron en criticar la advertencia que Morales hizo el pasado martes de nacionalizar las industrias aceiteras que "no atiendan al pueblo boliviano".

Según el presidente de los productores de oleaginosas, la nacionalización puede causar "un perjuicio muy grande" al sistema agropecuario y supondría un retroceso para el país, dada la "ineficiencia" que, a su juicio, ha caracterizado las empresas estatales bolivianas.

Reinaldo Díaz cree además que Morales, más que nacionalizar, lo que pretende es "estatalizar" las empresas, lo que calificó de "nefasto".

Por su parte, el representante de los exportadores de Santa Cruz tachó de "desacertada" la intención nacionalizadora de Morales y la atribuyó a su desconocimiento de la situación por la que atraviesan las empresas afectadas por la prohibición de exportaciones.

Ramiro Monje también interpretó las declaraciones del presidente de Bolivia como un "anuncio político" para "congraciarse" con sus bases.

Entre las empresas aceiteras con capitales trasnacionales en Bolivia se encuentra una fabrica perteneciente al Grupo Romero de Perú y otra de la sociedad estadounidense Archer Daniels Midland.

El ministro de Hacienda, Luis Arce, enfatizó hoy, en una rueda de prensa, que "no se descarta" la nacionalización, pero que "todo estará en función de que se garantice el abastecimiento y la producción del aceite del país y, sobre todo, precios justos".

También ratificó la vigencia del decreto que prohíbe exportar los aceites y anunció que, además, se estudia suspender la subvención al gasóleo que usan los productores agrícolas de Santa Cruz.


Miercoles 16 de Abril
Fuente: EFE