Dos ex presidentes de la petrolera estatal YPFB de Bolivia, que negociaron los nuevos contratos con las empresas del sector, fueron citados a un careo para el viernes próximo a fin de aclarar las contradicciones en las que incurrieron hoy ante un fiscal.

La convocatoria fue confirmada a Efe por el fiscal Alain Canedo quien investiga la supuesta suplantación irregular de un anexo en tres contratos firmados entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las empresas hispano argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras y la franco-belga Total.

Se trata de los ex presidentes de YPFB Juan Carlos Ortiz y Manuel Morales Olivera, quienes el año pasado dirigieron la negociación de 44 contratos con doce empresas multinacionales para adecuarlos a los marcos establecidos en la nacionalización del sector.

Ambos comparecieron hoy ante el fiscal Canedo para explicar el cambio del "anexo D" de los convenios firmados a fines de octubre del 2006, con las tres empresas citadas, y que está referido al reparto de los ingresos entre el Estado y las multinacionales.

Ortiz, que en ese momento era presidente de YPFB, aseguró ante el fiscal que no conocía del cambio del anexo, mientras que Morales Olivera lo contradijo señalando que estaba al tanto de todo.

Ese anexo define qué inversiones serán reconocidas por el Estado boliviano a las empresas petroleras para que recuperen sus costos.

El careo del próximo viernes permitirá averiguar si Morales Olivera tomó una decisión personal sobre las negociaciones o las consultó con el entonces presidente de YPFB.

Ortiz dirigió YPFB entre agosto del 2006 y enero pasado cuando fue reemplazado por Morales Olivera, quien a su vez renunció al cargo dos meses después.

En sus declaraciones, los ex ejecutivos ratificaron que en las negociaciones fueron asesorados por un estudio jurídico de Estados Unidos pagado por PDVSA de Venezuela, en el marco de acuerdos que tiene con YPFB.

También señalaron que el "anexo D" fue redactado con ayuda de la estatal Cubana de Petróleos, según Canedo.

La investigación no tendrá consecuencias en la vigencia de los contratos petroleros que fueron protocolizados el pasado 2 de mayo en una notaria, señaló el fiscal.


Miercoles 4 de Julio
Fuente: EFE