La empresa eléctrica española Iberdrola ha pedido a la Justicia que mantenga las medidas cautelares que obligan a la francesa EDF a hacer públicos sus planes sobre la compañía ante lo que considera hipótesis de entrada en el mercado eléctrico español.

En un juzgado de Bilbao (norte) se ha celebrado hoy la vista sobre el rechazo de EDF a cumplir las medidas cautelares que le obligaban a informar sobre sus planes respecto a Iberdrola, dictadas el pasado 25 de marzo.

En la audiencia el abogado de Iberdrola, Mario Fernández, ha pedido que se mantengan dichas medidas hasta que se resuelva si EDF ha cometido un presunto delito de competencia desleal y ha añadido que la firma es "el vehículo del Estado francés", dado que la mayoría de su capital es público.

El abogado ha señalado que la pretensión de EDF es "perjudicar la situación de un competidor suyo" y por tanto, confía en que, al analizar el fondo del asunto, la Justicia considere probado que la francesa ha cometido un delito de competencia desleal en su operación para dominar el mercado eléctrico español.

A su juicio, EDF "ganaría siempre" de los "rumores" en torno a la supuesta operación de compra, tanto en el supuesto de que llegara a adquirir Iberdrola porque la compañía vasca "llegaría a valer menos", como si la operación fracasa, porque habría logrado dañar su imagen y situación en el mercado.

Por ello, ha pedido al juez que exija de nuevo a EDF que aclare sus propósitos para que, entre tanto, Iberdrola no se vea perjudicada y pueda continuar desarrollando su actividad "sin injerencias".

Por su parte, el letrado representante de EDF, Borja Obeso, ha solicitado al juez que alce las medidas cautelares por considerarlas "improcedentes e injustificadas", ya que el objetivo de Iberdrola al reclamarlas era "obtener información" sobre el proyecto de la francesa, que de otra manera no podría lograr.

Además, ha planteado que si esas medidas no son anuladas, sean sustituidas por una caución o garantía de más de 200.000 euros, cifra veinte veces superior a los 12.000 euros planteados por la eléctrica española.

Según ha explicado, si en la dilación del proceso se incrementara el valor de cotización de la empresa y finalmente, se confirmara la operación de EDF, la compra se realizara a un precio mayor del que tenía inicialmente y, por ello, esa garantía debería contribuir a compensar la diferencia.

El auto del 25 de marzo obligaba a EDF a publicar en cinco periódicos (tres españoles y dos extranjeros) anuncios en los que debe especificar si ha iniciado o prepara la adquisición de Iberdrola mediante la compra de acciones o derivados financieros, por sí sola o de manera concertada con terceros, a los que tiene que identificar.

Pero la compañía francesa cree que informar sobre sus planes "perjudicaría gravemente" una posible operación de adquisición de Iberdrola y ha argumentado que la normativa sobre OPA o compra de empresas prohíbe anunciar dichas operaciones hasta que están confirmadas.


Viernes 9 de Mayo
Fuente: EFE