Iberoamérica registra 140.000 muertes en accidentes laborales cada año
De esos fallecimientos, la mitad se producen en los sectores de construcción, agricultura, minería e industria química.
Se calcula además que 17,5 millones de niños iberoamericanos, entre los 5 y los 14 años, trabajan de manera irregular, y 22.000 de ellos mueren cada año a consecuencia de accidentes y enfermedades laborales, según indicó en una nota de prensa el Gobierno de la región española de Andalucía, uno de los organizadores del Congreso.
El impacto de la siniestralidad laboral en América Latina se cuantifica en el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) de sus países, frente al 3% de media que tiene la misma ratio en Europa o EEUU.
Pese a que la OISS subraya que las estadísticas oficiales carecen de rigor (porque más del 50% de la actividad productiva de América Latina se encuentra en la economía sumergida), las estimaciones son "alarmantes".
De ahí que en este Congreso Iberoamericano se haya aprobado la llamada "Declaración de Cádiz" en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para Iberoamérica que, entre otras cosas, avala la iniciativa de la OISS para la construcción de un Observatorio de Siniestralidad Laboral en Iberoamérica.
Este organismo incorporará estadísticas del empleo formal -declarado- y estudios de impacto sobre la población del sector informal -economía sumergida-, a fin de disponer de un sustrato informativo riguroso que permita conducir y priorizar las políticas públicas de la manera "más coherente con la realidad de cada país".
Durante el congreso se alcanzó un acuerdo entre ministros, viceministros y máximos responsables de Seguridad y Salud de Iberoamérica para encomendar a la OISS el desarrollo de una Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud que sea fruto del consenso y trabajo tripartito entre los gobiernos, empresarios y sindicatos.
La Estrategia deberá ofrecer respuestas concretas a los problemas específicos que actualmente tiene Iberoamérica: el empleo informal o economía sumergida, el trabajo infantil o el tratamiento de los colectivos y sectores mas desfavorecidos.
La "Declaración de Cádiz" recomienda también a las administraciones "un escrupuloso desarrollo normativo en materia de Seguridad y Salud laboral, la protección de los colectivos más desfavorecidos, la atención singular a la microempresa, y las acciones de formación, información y sensibilización que favorezcan el desarrollo de una verdadera cultura preventiva".
Viernes 21 de Septiembre
Fuente: EFE
