El mandato de la Asamblea Constituyente de Ecuador que protege la incautación que realizó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) a bienes del grupo Isaías es una situación "particular", en lo "jurídico y político", dijo hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Gómez.

"Vivimos una situación sui géneris en lo político y en lo jurídico, producida por una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes elegida en las urnas", cita un comunicado de la CSJ.

El pasado miércoles la Asamblea aprobó un mandato, con fuerza de ley, que protege la incautación de los 195 bienes del Grupo Isaías, entre ellos los canales TC-televisión, Gamavisión y Cable Noticia (CN3), entre otros medios de comunicación.

La incautación la realizó, el pasado martes, la AGD, después de que se determinó que el grupo Isaías, ex gerente del cerrado Filanbanco, dejó una deuda patrimonial de 661 millones de dólares, según la Junta Bancaria de Ecuador.

La resolución de la Asamblea, que es de "obligatorio cumplimiento", determina que la incautación no será susceptible de "queja, impugnación, acción de amparo, demanda, reclamo, criterio o pronunciamiento administrativo o judicial alguno", y "amenazó" con procesar a los jueces que, eventualmente, acojan alguna medida.

Varios grupos han criticado la incautación efectuada por la AGD al asegurar que el único tribunal competente para realizar dicho proceso es la Corte Suprema.

Sin dar más detalles sobre la resolución de la Asamblea, Gómez añadió que es "vital un poder judicial fuerte, autónomo e independiente para un auténtico régimen constitucional y de derecho, que haga realidad la seguridad jurídica y fáctica de todas las personas", señala el informe de la Corte.

El titular de la CSJ criticó, además, los intentos de algunos asambleístas que propusieron reemplazar ese tribunal por otro, pero que al final no fue aceptada en ese foro.

Gómez pidió, además, "que se escuchen los argumentos, razones y sugerencias expuestas" por la CSJ para tener una "Constitución que garantice eficazmente el equilibrio de poderes y mejore la normatividad constitucional judicial actual (...) y no que se la menoscabe y debilite".

Un total de 130 asambleístas redactan desde hace ocho meses una nueva Carta Magna que será sometida a referéndum para aprobarla o rechazarla.


Viernes 11 de Julio
Fuente: EFE